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Ecuador tras una década de altos y bajos, con nuevos proyectos de ley aprobados y con un crecimiento económico limitado; busca cambios a partir de la próxima Consulta Popular. Entre los proyectos aceptados, se encuentra la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos (conocida como Ley Plusvalía); según Joan Proaño, Gerente General de PROAÑOlPROAÑO “la ordenanza es atentatoria y confiscatoria que amenaza y afecta a toda la sociedad y no solamente al gremio de la construcción. Según estadísticas y datos recopilados se han perdido aproximadamente 83 000 plazas de empleos y las reservas de nuevas obras se han reducido en un 40%”. 



Esta ley desde su aprobación (27 de diciembre de 2016) no ha cumplido con la finalidad con la que fue propuesta; además existe ya una normativa para evitar la especulación de tierras, a lo cual los gremios de la construcción solicitan al estado y a los organismos de control se la aplique y reconozca. Pero eso no es todo, el gremio de la construción no es la única afectada por esta propuesta; además, se encuentran todos aquellos que están involucrado en el sector inmobiliarios, proveedores del sector y aquellas personas particulares que deseen vender un inmueble. Dentro del texto de la ley no existe una sola línea que evite la especulación con el valor de la tierra, por ende afecta a todos los ciudadanos que poseen o adquieran una vivienda, independientemente su valor. 

Proaño menciona que “un inversor o un constructor puede paralizar sus actividades y estar relativamente tranquilos por un periodo de tiempo; pero un obrero o un maestro, que tienen un trabajo específico dentro de las construcciones, al momento en que terminan su labor prosiguen a otra obra; pero si estas se paralizan se quedan sin trabajo por un tiempo indeterminado”.

La ley de plusvalía atenta contra el bienestar y estabilidad económica, laboral y social del país. Un proyecto atentatorio que puede provocar una crisis social de gran magnitud en Ecuador. Es por lo cual, podemos mencionar que a través de esta ley no se combate realmente la especulación de las tierras, y menos aún ha sancionado a quienes lo han hecho; durante su vigencia solo ha ocasionado que, como se menciono anteriormente, se pierdan 83 000 empleos y se paralicen más obras.
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